“Esto que hacemos es para enfrentar al sistema que nos oprime, la idea de la hidroeléctrica es que sea de nosotros, los pobres”

La experiencia de la comunidad de Matasano, ubicada en las faldas del volcán Tajumulco en el departamento de San Marcos, Guatemala, constituye un caso contemporáneo de organización comunitaria frente a las limitaciones del modelo privatizado del servicio eléctrico. Con aproximadamente 560 familias, la comunidad impulsa desde 2024 un proceso de transición hacia un sistema energético propio basado en una microrred hidroeléctrica comunitaria.

La comunidad recibió electricidad por primera vez en 1993 mediante el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), bajo un modelo público. Inicialmente, las familias pagaban una tarifa reducida y, además, aportaban recursos para construir la infraestructura eléctrica local, incluyendo postes y cableado. Tras la privatización del servicio en 1998, primero con Unión Fenosa y posteriormente con ENERGUATE, las tarifas aumentaron dramáticamente mientras la calidad del servicio deterioró. Este proceso ocurrió en una región marcada históricamente por la resistencia de comunidades mayas frente a la privatización de servicios esenciales y por episodios de violencia incluyendo asesinatos de líderes comunitarios.

Como respuesta, durante el 2024 la comunidad organizó un comité para evaluar alternativas técnicas y sociales, contrató un estudio de viabilidad y optó por desarrollar una cooperativa hidroeléctrica. Cuando el proyecto comenzó a consolidarse, ENERGUATE desconectó sin previo aviso a toda la comunidad el 6 de noviembre de 2025, incluyendo hogares, comercios, la escuela y el centro de salud. La interrupción del servicio provocó la muerte de un residente con problemas de salud y generó una fuerte presión sobre la población.

La suspensión del servicio produjo divisiones internas. Algunas familias aceptaron las condiciones de la empresa, que incluían el pago de una deuda acumulada durante diecisiete años, mientras que la mayoría decidió continuar impulsando el proyecto comunitario. También surgieron tensiones políticas, económicas, religiosas y familiares, evidenciando que el principal impacto del conflicto trascendía lo técnico para convertirse en un desafío a la cohesión social.

Frente a esta situación, la comunidad implementó un plan de emergencia. En pocas semanas adquirió un generador de mayor capacidad, instaló transformadores y comenzó a reconstruir una red eléctrica propia utilizando postes adquiridos colectivamente e instalados mediante trabajo voluntario.

En julio de 2026 ya se habían energizado aproximadamente 250 familias mediante una red independiente y también se incorporó por primera vez el servicio eléctrico a la aldea vecina Las Bolsas, donde 22 familias nunca habían recibido electricidad porque la empresa no había extendido el servicio "por no ser costo-efectivo". Actualmente, ambas comunidades cuentan con suministro propio de cinco horas diarias con un generador de diesel mientras culmina la construcción de la hidroeléctrica. “Si no hay guerra, no hay triunfo, trabajando, esa es la lucha, a puro esfuerzo”, puntualizó el líder comunitario Marco Antonio.

El proyecto contempla una central de aproximadamente 200 kilovatios, suficiente para abastecer la demanda actual y permitir el crecimiento futuro. La infraestructura incluye una captación de agua río arriba, para llevarla monte adentro por casi un kilómetro. De ahí, el agua cae a presión por aproximadamente 200 metros hasta una casa de máquinas ya construida, y donde posteriormente se instalarán la turbina y el generador. “Un sueño producir nuestra propia energía, hay que atreverse a organizarse”, concluyó Marco Antonio.

Cuando llegué a la comunidad con Edgar, del Colectivo Madreselva, Víctor y nuevos amigos de la Comisión Paz y Ecología (COPAE), pude atestiguar la ceremonia constitutiva de la cooperativa por 36 jóvenes, mujeres y adultos fundadores. “Esto que hacemos es para enfrentar al sistema que nos oprime, la idea de la hidroeléctrica es que sea de nosotros, los pobres”, sentenció María Teresita la más joven del grupo fundador. Y es que, la organización social es uno de los principales activos del proyecto. Además, dieciséis brigadas rotativas de las familias socias coordinan las labores de construcción, existe una estructura de participación con equipos de seguridad y apoyo técnico, además de un sistema de contabilidad que registra las contribuciones económicas y de trabajo de cada participante.

Más allá del acceso a la electricidad, la iniciativa busca promover el desarrollo económico local, generar empleo, mejorar la infraestructura comunitaria y crear capacidades para financiar servicios colectivos como jornadas médicas y futuros sistemas de abastecimiento de agua potable y riego. Ya hay jóvenes que dicen querer ser electricistas u operadores de la central, o sea, nuevas profesiones en la comunidad.

El caso de Matasano demuestra que la transición energética comunitaria no depende únicamente de tecnologías apropiadas. Su principal fundamento es la capacidad organizativa de una comunidad para construir instituciones propias, movilizar recursos locales y sostener un proyecto colectivo aun en medio de conflictos internos, presiones externas y limitaciones económicas. En ese sentido, la energía deja de ser únicamente un servicio para convertirse en una herramienta de autonomía, gobernanza territorial y desarrollo comunitario alternativo.